Otro ejemplo de la relación entre corrupción (presunta) y desempleo. Huelva, hoy.

Quienes formamos parte de UPyD hemos adquirido un compromiso con la ciudadanía de defender el interés general y denunciar las injusticias y los abusos que se han cometido -y se siguen cometiendo- en nuestro país, y por lo que es tan necesaria la regeneración democrática que propugnamos.

Hoy mismo, mi compañero Miguel Delgado (candidato a las municipales por Huelva) y servidor, hemos dado cuenta a la Fiscalía de Huelva de unos hechos que pueden ser constitutivos de varios delitos, y que podrían haber sido cometidos desde la Diputación de Huelva. Nada menos que delitos contra la Hacienda pública, cohecho, fraude, tráfico de influencias y falsificación de documentos. Casi nada.

A modo de resumen, les diré que el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA, antes llamado PER) nace como un mecanismo para promover el empleo en el sector agrario y rural, tan importante en Andalucía.

En Huelva se establecen determinadas pautas que responden a la lógica del programa, como que dichas contrataciones sean eventuales, del sector agrario, preferentemente gestionadas desde las corporaciones locales (más cercanas a los ciudadanos) y excluyendo expresamente la contratación para servicios regulares o habituales, que deben ser sufragados con fondos regulares de las instituciones (y no con los de este programa especial).

Pues bien, resulta que -presuntamente- se destinaron en 2013 casi 300.000 € para contratar desde la Diputación de Huelva a distintas personas para cubrir puestos de asesoramiento. Resulta que algunos de esos supuestos eventuales del sector agrario (abogados, arquitectos, delineantes…) llevan hasta 13 años desempeñando la misma función mediante contratos encadenados que comienzan el 1 de septiembre y terminan el 30 de junio. El truco del almendruco.

Y hay algún otro a quien, por ser hijo del Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, presuntamente le habrían confeccionado un puesto “a medida” (como los trajes de Camps, supongo) en otra localidad y a la que, casualmente, se habría trasladado poco antes de la convocatoria. Resulta que era tan a medida el traje, que nadie más debió postularse para probarlo. Y así, se adjudicó el contrato. Presuntamente, claro. El dedazo.

Cuando nos cuentan esto y nos proveen de documentación que lo acredita -o eso creemos, ya lo dirá la Justicia-, nosotros no lo guardamos en un cajón. Fieles a nuestro compromiso con los andaluces, buscamos a un abogado que lo pueda estudiar, montamos los documentos y los llevamos a Fiscalía.

Eso es lo que hacemos unos, que no hacen otros. Es lo que hay.

Huelva

La noticia, aquí.

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